Diversas organizaciones indígenas, campesinas y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitieron un comunicado sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el Estatuto Agrario y la Ley del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

Según denuncian en un análisis jurídico, las modificaciones propuestas podrían desviar los fines constitucionales de la reforma agraria y facilitar la mercantilización de tierras públicas destinadas históricamente a las familias campesinas.

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Las organizaciones expresan su preocupación en torno a tres cambios clave contemplados en la iniciativa del Gobierno.

Sostienen que se abre la posibilidad de que el Indert venda inmuebles de su patrimonio a personas que no reúnen los requisitos para ser sujetos de la reforma agraria. Esto rompe con el fin redistributivo de las tierras públicas.

Subrayan además que la reforma otorga facultades directas al presidente del ente para decidir la venta de tierras de manera individual. Con esto se debilitaría la supervisión y control de la Junta Asesora y de Control de Gestión de la institución.

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Asimismo, denuncian que se facilita que personas no elegibles para la reforma agraria acumulen y regularicen la ocupación de tierras del Estado, lo que podría favorecer una mayor concentración de la tierra en el país.

Sostienen una desigualdad histórica en cifras

De acuerdo con los datos recabados por las organizaciones, los medianos y grandes productores representan apenas el 7,3% del total de productores del país, pero concentran el 93,7% de las tierras cultivadas.

En contrapartida, la agricultura campesina abarca al 92,7% de los productores, quienes deben subsistir ocupando apenas el 6,3% de esa superficie.

Asimismo, mencionan que informes de las Naciones Unidas ya advirtieron previamente que Paraguay posee una de las distribuciones de tierra más desiguales de toda América Latina. Se estima que entre el 60% y el 80% de las tierras pertenecen a apenas el 2% o 3% de la población.

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Valoran medidas para reducir costos de titulación

Tanto la Codehupy como los gremios valoran positivamente aquellas medidas orientadas a reducir los costos de titulación para las familias campesinas.

El proyecto del Ejecutivo propone que las personas adjudicatarias de colonias agrícolas con lotes de hasta 30 hectáreas puedan acceder a sus títulos definitivos pagando tan solo el 3% del valor total del lote. Además, se permitirá exceptuar el pago mínimo inicial mediante resolución fundada en casos de alta vulnerabilidad socioeconómica.

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No obstante, las organizaciones insisten en que estas facilidades económicas deben ir acompañadas de un presupuesto nacional suficiente para el Indert y de salvaguardas estrictas para impedir que estas ventajas sean instrumentalizadas para blanquear ocupaciones irregulares o promover la especulación inmobiliaria con el patrimonio público.

Exigen debate público y freno en el Congreso

Ante esta situación, la Codehupy y las organizaciones campesinas e indígenas solicitaron formalmente al Congreso Nacional que no se aprueben las modificaciones que amplían los poderes de la Presidencia del Indert para vender tierras y que se prohíba la venta de estos lotes públicos a personas no beneficiarias de la reforma agraria.

Finalmente, los activistas hicieron un llamado a convocar a un debate amplio, público y participativo con la intervención de todos los sectores afectados. Se espera garantizar que el patrimonio del Indert se preserve para las comunidades rurales que históricamente siguen esperando por el acceso a la tierra.