La agente fiscal María Jadiyi Ortiz, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Villarrica, imputó al empresario Humberto Amado Unger Figueredo, representante legal de la firma UNFI S.A., por su supuesta responsabilidad en la comisión de hechos punibles contra el medioambiente.

La acusación se basa en la presunta filtración de gasoil desde los tanques de una estación de servicios con emblema Petropar, ubicada sobre la Avda. España y Dr. Boggino, en el barrio Lomas Valentinas de la capital guaireña.

Según la investigación del Ministerio Público, entre diciembre de 2024 y julio de 2025 se habría producido una fuga sostenida de hidrocarburos que afectó a las aguas subterráneas del lugar.

Dos pozos domiciliarios, ubicados a unos 80 metros del surtidor, presentan signos de contaminación con olor a carburante y residuos aceitosos visibles en el agua potable.

Además del daño al agua, los técnicos también detectaron alteraciones en la calidad del aire, lo que motivó una inhabilitación preventiva de la estación de servicios por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a través de su Dirección de Asesoría Jurídica.

A esta medida se sumó la Municipalidad de Villarrica, que en las últimas horas resolvió también inhabilitar la estación de servicios en cuestión y precintar las instalaciones, en réplica a la decisión tomada por el Mades.

Según el Ministerio Público, los posibles delitos atribuidos a Unger Figueredo están tipificados en los artículos 197 y 198 del Código Penal Paraguayo, que sancionan el ensuciamiento y alteración de las aguas, así como la contaminación del aire, con énfasis específico para las actividades industriales y comerciales.

También se le imputa lo establecido en el artículo 5, inciso e) de la Ley 716/96 “Que sanciona delitos ambientales”, siempre según el comunicado.

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La investigación se inició tras una denuncia presentada por Juan Flores, un vecino del barrio afectado, quien manifestó que el agua de su pozo empezó a emanar un fuerte olor a combustible desde hacía varios meses.

Incluso relató que varios miembros de su familia presentaron vómitos, mareos y problemas digestivos, a raíz del consumo forzoso del agua contaminada, puesto que el pozo de su vivienda era la única fuente con la que contaba.

Personal de la Comisaría 6ª - Lomas Valentinas acudió al lugar, donde constató la existencia de un fuerte olor a derivados del petróleo en el agua del pozo denunciado. Posteriormente, técnicos del Mades tomaron muestras para su análisis en laboratorio, cuyos resultados preliminares confirmaron la presencia de hidrocarburos.

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La Fiscalía también solicitó informes a la Municipalidad de Villarrica sobre las condiciones operativas y legales de la estación de servicios, incluyendo las licencias ambientales, permisos de construcción y cumplimiento del plan de gestión ambiental.

La agente fiscal Ortiz sostiene que, pese a haber sido advertido por vecinos sobre los efectos de la supuesta fuga, el empresario no habría adoptado ninguna de las medidas de mitigación previstas por la normativa ambiental vigente.

Desde el principio, la Fiscalía no descartó ampliar la investigación a otras posibles víctimas o zonas afectadas.

Por otra parte, el ahora imputado, negó en entrevistas anteriores que exista alguna fuga en los tanques de almacenamiento y aseguró que de haber una pérdida, la empresa lo detectaría por el impacto económico inmediato. No obstante, se comprometió a colaborar con las autoridades durante el proceso investigativo.