Esta mañana, la Contraloría General de la República entregó ante el Congreso los resultados de un estudio para verificar las buenas prácticas en materia de ciberseguridad, dentro de instituciones públicas.

El estudio abarcó a 383 instituciones públicas, entre ellas ministerios, entes autónomos y municipios. La Directora General de Control Gubernamental, Gladys Fernández, advirtió que el 68% de las instituciones estatales evaluadas presenta un riesgo alto o potencialmente alto en materia de seguridad tecnológica.

Es decir, al menos 260 páginas institucionales corren riesgos de hackeo, según este reporte.

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“Este es un insumo que puede servir a las autoridades justamente para tomar las decisiones correctas y que puedan fortalecer esas áreas de tecnología que tanto necesita nuestro país”, expresó Fernández.

Aunque no detalló qué organismos presentan mayor vulnerabilidad, la funcionaria subrayó que todas las entidades incluidas recibieron su respectivo diagnóstico, con excepción de las unidades académicas de la Universidad Nacional, que aún están en proceso de evaluación. “Tomamos solamente el rectorado con el tema de la UNA, pero creemos que también va a ser muy útil para la Comisión de Control y Cuentas tener la situación en que están estas unidades académicas”, agregó.

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El informe fue elaborado con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la institución, que trabajó estrechamente en el análisis de riesgos. La información será remitida a la Comisión de Control y Cuentas, como parte de una evaluación integral sobre la infraestructura digital del Estado.