La denunciante señala que su hija es actual coordinadora del programa social Tekoporã, dependiente del Gobierno Nacional, y que tanto ella como su pareja han ejercido presión constante para quedarse con los bienes de la anciana, a pesar de que ya se les cedió una parte del terreno.

La mujer de tercera edad dijo: “Ya no me respetan como madre ni como ser humano, me tratan como una enemiga, me hostigan todos los días para quedarse con lo poco que tengo”, expresó entre lágrimas doña Rosalba, quien se mantiene con la cría de animales menores.

La situación llega a instancias judiciales. Gamarra afirma que presentó denuncias ante la Justicia, pero sin avances ni protección, ya que, según sus palabras, “ellos tienen influencias políticas y la jueza de Paz local no actúa”.

Tras las publicaciones, el caso se remitió al Ministerio Público. “El año pasado denuncié, pero todo está estancado, lo que pido es vivir tranquila el tiempo que me queda, les pedí que esperen a que muera para que se hagan cargo, pero no quieren saber nada”, lamentó.

Este caso refleja el drama familiar, en un hecho de presunta violencia contra una persona en situación de vulnerabilidad.

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La mujer pide ayuda a la ciudadanía y a las autoridades para no quedar desamparada. “Si me sacan de aquí, me dejan en la calle; a mi edad, lo único que quiero es paz”, indicó.

Intentamos contactar con la funcionaria denunciada, Sonia García, para conocer su versión, pero no respondió las llamadas telefónicas.

La ciudadanía exige que las instituciones competentes actúen con urgencia y que se garantice la protección de los derechos de la anciana, víctima de un aparente despojo por parte de sus propios familiares.