La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, confirmó hoy que aún no inició ninguna auditoría ni fiscalización especial sobre el cuestionado contrato de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

El director general de Contrataciones de la CGR, Paul Ojeda, reconoció que no hay avances concretos en el caso, pese a los reiterados pedidos de informes realizados durante el primer semestre del año a la estatal. Ojeda alegó que la institución está sobrecargada de trabajos, insinuando que la falta de acción responde a la escasez de recursos humanos.

“Proceso abierto aún no tenemos sobre eso. Estamos con una serie de actividades de control encima, entre ellas el tema Hambre Cero, las verificaciones en las escuelas que nos consumían prácticamente todo el recurso humano que teníamos, conjuntamente con otras unidades organizacionales de la Contraloría, además de otras actividades de control que estaban dentro de nuestro programa general de auditoría, que está en proceso de culminación. Proceso abierto sobre eso no está definido”, expresó el funcionario.

Contraloría inicia una revisión al cuestionado contrato de Petropar con firma catarí

Revisión documental sin resultados

Ya en febrero de este año, la Contraloría había iniciado una revisión documental, solicitando informes y documentación del proceso a Petropar. De ese trabajo dependía la apertura de una auditoría o fiscalización, que hasta la fecha no se concretó.

El 30 de setiembre último se cumplió un año desde que Petropar firmó el contrato con la empresa catarí para la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil por US$ 61 millones, pero el producto aún no fue entregado. Hasta ahora, nada se sabe del combustible comprometido.

Recién el 26 de setiembre último, tras meses de silencio, el presidente de Petropar declaró ante la Comisión Bicameral del Congreso que “ya se terminó la paciencia” con la firma extranjera. Jara aseguró que no otorgará más prórrogas después de los reiterados incumplimientos y prometió rescindir el contrato si la empresa no cumple con la octava adenda, cuyo plazo vence el 31 de octubre.

Si cumple su palabra y Doha Holding no entrega el producto antes de esa fecha, Petropar deberá rescindir el contrato y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, algo que hasta ahora ha evitado hacer, pese a los continuos retrasos.

Eddie Jara afirma que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que ya no dará prórrogas

Una dudosa declaración jurada como garantía

La compañía presentó solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, acompañada de un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB), con el que “certificó” su solvencia económica. El documento fue emitido por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani.

En caso de incumplimiento, Petropar debería reclamar los US$ 3.050.000 (equivalentes al 5% del monto total del contrato) que cubre dicha garantía.

El nombre de Khalifa Bin Hamad Al-Thani apareció recién en la garantía y en el contrato publicado —casi dos meses después de la adjudicación— como representante de Doha Holding Group LLC. En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente solo figuraban Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol) y Saad Doukali.

Tras la firma con Petropar —sin estar inscripta previamente, como observó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en su momento—, Al-Thani fue incorporado en el sistema oficial como representante de la empresa.

Además, la sede local de Doha Holding fue establecida en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, perteneciente al vicepresidente de Olimpia, Julio Jiménez, hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figuró desde un principio como representante de la compañía catarí.

Documentos a los que accedió este medio indican que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de varias adendas en representación de la empresa.

Un año del contrato de Petropar y firma catarí: la dudosa garantía que la estatal sigue sin reclamar

Ocho prórrogas y un “precio milagroso”

Pese a todas las dudas y observaciones, Petropar concedió ocho prórrogas a la compañía mediante adendas sucesivas, justificando los retrasos con el argumento del “precio milagroso” de US$ 610 por tonelada, cifra que —según fuentes del sector— ni Brasil consigue con compras a gran escala.

La contratación se realizó mediante un procedimiento especial, con publicación posterior de los documentos, bajo el pretexto de acceder a un gasoil más barato. Sin embargo, la estatal habría violado la normativa al no publicar el pliego de bases y condiciones y difundir la convocatoria meses después de la adjudicación.

Este mecanismo no habilita a evadir la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, pero en la práctica eso habría ocurrido. Las sucesivas prórrogas también podrían contravenir la legislación, cuyo artículo 67 limita las modificaciones contractuales al 20% del monto o del plazo, y solo por causas imprevistas que no favorezcan al proveedor.