La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Víctor Ríos Ojeda, rechazó la recusación formulada por el abogado Federico Huttemann, defensor del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens Durksen, investigado en el caso metrobús, en contra los camaristas Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón.

Con esta decisión de la máxima autoridad judicial los miembros del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, del cual forman parte Escobar y Torres, podrá analizar la apelación derivada del rechazo de la reposición planteada por la defensa de Arnoldo Wiens en contra de la admisión de la imputación en su contra resuelta por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.

Caso metrobús: Corte tiene en sus manos recusación a camaristas

Igualmente, el citado Tribunal de Alzada tiene a su cargo el estudio de la apelación presentada por la defensa de Wiens, en contra del sobreseimiento definitivo dictado por el juez Otazú con relación al también exministro de Obras Públicas Ramón Milciades Jiménez Gaona Arellano, inicialmente procesado en la causa metrobús.

Así, una vez que el expediente de la causa penal baje y esté en poder de los camaristas, los mismos pasarán a estudiar el mismo para emitir una resolución al respecto.

Recusación contra camaristas tenía “ausencia de fundamentación”

El abogado Federico Huttemann, defensor de Arnoldo Wiens, había recusado a los camaristas Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón, señalando que se habían atribuido facultades que solamente competen a la máxima autoridad judicial.

Al momento de contestar el planteamiento, el camarista Paublino Escobar señaló: “La recusación invoca el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, bajo la fórmula de “cualquier otra causa grave que afecte la imparcialidad o independencia. No basta, por ende, la mera discrepancia con las decisiones jurisdiccionales. La interpretación del recusante lo lleva a concluir erróneamente que existen motivos.

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Por su parte, Camilo Torres refirió: “Esta recusación no constituye más que una manifestación de disconformidad frente a las resoluciones jurisdiccionales adversas a la parte”.

En tanto que la Sala Penal de la Corte, en forma unánime, expresó: “Existe una ausencia de fundamentación con relación a la misma, la cual, justamente, por ser una causal abierta, requiere de una aún mayor precisión argumentativa para lograr la pretensión de separar a un magistrado en base a ella”.

Imputación a Arnoldo Wiens por caso metrobús

Según el acta de imputación N° 01/26, el Ministerio Público sostiene que Arnoldo Wiens, al asumir en agosto de 2018 como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil.

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Sin embargo, se registraron dos cuestiones que derivaron en la investigación penal a Wiens:

Suspensión y modificación del contrato

El 23 de octubre de 2018, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” con la contratista para suspender los trabajos en los tramos 2 y 3 del metrobús. Para la Fiscalía, dicha decisión no solo paralizó la obra, sino que introdujo tareas ajenas al objeto contractual original, lo que habría marcado el inicio del deterioro y la posterior destrucción de lo ya ejecutado.

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Demolición de estaciones

El 1 de abril de 2020, siempre según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones ya construidas sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición culminó en mayo de ese año y supuso la eliminación de infraestructura por la cual el Estado ya había desembolsado millonarias sumas.

El documento fiscal sostiene que, antes de la intervención de Wiens, el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. En ese contexto, se habían construido seis estaciones —numeradas del 19 al 24— por las cuales el Estado pagó G. 6.924.624.006.

La Fiscalía también menciona una presunta contradicción en las declaraciones públicas del exministro, que días antes de firmar la suspensión habría afirmado que no existían causales justificadas para el abandono del proyecto por parte de la contratista y que los pagos se encontraban al día.