“Vamos a esperar recibir la comunicación del Congreso”, dijo ayer escuetamente Santiago Peña tras el acto en conmemoración a la Paz del Chaco, llevado a cabo en el Cuartel de la Victoria, aunque en la víspera realizó la propuesta formal en Mburuvicha Róga al actual consejero de la Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, para que sea interventor en el caso Asunción.

Precisamente, más tarde Peña se encontró con el intendente (imputado) de la Capital, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez en la apertura del “Foro Madrid” en Asunción, un evento de una fundación integrada de grupos de extrema derecha internacional.

Pereira confirmó la nominación, pero pidió tiempo hasta el lunes o martes para aceptar o declinar la propuesta.

Los antecedentes de Pereira lo confirman como una pieza útil del Partido Colorado y con un poder camaleónico que trasciende gobiernos, ya que fue titular del Banco Nacional de Fomento de Horacio Cartes, luego ministro de la Vivienda de Mario Abdo Benítez y ahora consejero de IPS con Peña.

En el caso de Ciudad del Este, aún no se confirmó al candidato oficial para interventor, pero no se dilataría mucho más, ya que desde un inicio la intención de cartismo fue apurar sobre todo el caso contra Prieto.

El artículo 165 de la Constitución y la Ley 317/94 son las que regulan el proceso de intervención, y esta última señala que a partir de la notificación, al Ejecutivo tendrá máximo 15 días para nombrar al interventor.

Cartismo aprueba intervención y aparta a Prieto de la comuna de Ciudad del Este

Una vez que asuma el interventor, queda apartado el intendente por el tiempo que dure la intervención, que según la ley es 60 días, pero la Constitución establece como máximo 90 días.

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El diputado cartista Alejandro Aguilera, que fue presidente de la Comisión Especial para Ciudad del Este desde un inicio, dijo y lo ratificó el miércoles en la sesión, que pretenden que no exceda los 60 días.

 “Al final de cuentas es el interventor el que hará todo eso que ellos querían que nosotros hagamos y con 60 días de tiempo. Y que luego pondrán a consideración (el informe de intervención) de 80 diputados nacionales para tener la decisión final” (sic), dijo Aguilera.

El artículo 8º de la ley 317 señala que una vez concluida su labor, el interventor presentará su dictamen al Ejecutivo que, a su vez, “lo remitirá de inmediato a la Cámara de Diputados”.

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Con ello, la Cámara Baja está habilitada a definir la suerte en este caso de Prieto y Nenecho, en una decisión que finalmente será netamente política y donde el cartismo tiene mayoría suficiente para destituir o salvar al que quiera.

En ese sentido, el artículo 9º señala que “recibidos los dictámenes, Diputados podrá resolver por mayoría absoluta la destitución del Gobernador o del Intendente Municipal”, es decir, con 41 votos.

En el caso de consumarse la destitución, la ley obliga a la Cámara Baja a comunicar inmediatamente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para que en un plazo de 90 días siguientes a la resolución dictada se convoque a elecciones.