La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) manifestó su rechazo a eventuales iniciativas destinadas a elevar los impuestos como respuesta a las dificultades financieras del Estado. A través de un comunicado, la organización, que agrupa a empresas nacionales e internacionales de distintos sectores, planteó que la sostenibilidad de las cuentas públicas debe apoyarse primero en una administración más eficiente y transparente del gasto.

También este planteamiento surge tras el reclamo del sector médico que exige más recursos para insumos y salarios. Para responder a este y otros reclamos y para oxigenar las finanzas públicas, se plantearon algunas propuestas como elevar la tasa impositiva en IVA, IRE e IRP, también surgió un proyecto de Ley que crea un arancel adicional para el tabaco.

Según el pronunciamiento difundido por la CAP, trasladar una mayor presión tributaria hacia empresas, inversores y trabajadores formales no resolvería los problemas estructurales de las finanzas públicas. La entidad afirmó que quienes producen, invierten y generan empleo ya sostienen una parte relevante de la actividad económica y del cumplimiento fiscal del país.

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Gastos permanentes y recursos comprometidos

El gremio empresarial puso el acento en la creciente proporción de recursos públicos comprometidos en erogaciones rígidas. Entre ellas mencionó las remuneraciones del sector público, jubilaciones, programas de prestaciones sociales y pagos de intereses de la deuda.

Para la CAP, esta composición del presupuesto obliga a debatir no solo cuánto recauda el Estado, sino también cómo asigna y ejecuta sus recursos. La organización considera que antes de evaluar nuevos tributos debe existir una revisión de la calidad del gasto y de las estructuras que lo vuelven difícil de ajustar.

“El Estado aún no ha demostrado la misma determinación para corregir sus propias ineficiencias”, sostuvo el gremio al cuestionar que se solicite un esfuerzo adicional a los contribuyentes sin una estrategia visible de racionalización del gasto público.

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Seguros médicos privados y revisión de erogaciones

Entre los ejemplos citados, la Cámara de Anunciantes señaló el financiamiento de seguros médicos privados para una parte de los funcionarios públicos. De acuerdo con la información pública a la que alude la entidad, esos desembolsos rondarían los US$ 100 millones anuales.

La CAP sostuvo que este tipo de gastos merece una evaluación responsable sobre su pertinencia, alcance y sostenibilidad. El planteamiento no se limita a un rubro específico: la cámara propone revisar las erogaciones que puedan carecer de justificación suficiente o que representen compromisos difíciles de sostener en el tiempo.

También advirtió sobre obligaciones permanentes asumidas por el Estado que dependen de fuentes de financiamiento insuficientes o transitorias. A juicio del sector empresarial, estos desbalances deben ser examinados dentro de una discusión más amplia sobre la viabilidad fiscal de largo plazo.

Programas sociales y Caja Fiscal, en el centro del debate

El comunicado de la CAP incluye además un llamado a revisar periódicamente la focalización de los programas sociales. La organización remarcó que estas políticas deben conservar sus objetivos originales y dirigir los recursos hacia quienes efectivamente los requieren.

Asimismo, identificó el déficit de la Caja Fiscal como uno de los principales desafíos para el Tesoro. Ese sistema previsional requiere transferencias públicas relevantes para cumplir con sus obligaciones, una situación que, según la cámara, refuerza la necesidad de avanzar en reformas estructurales.

La Caja Fiscal administra jubilaciones y pensiones de distintos sectores del Estado, por lo que su déficit representa una presión persistente sobre las cuentas públicas. Para la CAP, cualquier debate sobre sostenibilidad financiera debería incorporar este componente y evitar soluciones basadas exclusivamente en ampliar la recaudación impositiva.

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La Cámara de Anunciantes propuso una hoja de ruta centrada en eliminar gastos injustificados, revisar privilegios, mejorar la eficiencia administrativa y reforzar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

El gremio también reclamó mayor transparencia y responsabilidad en la ejecución presupuestaria. Su posición es que la corrección del déficit fiscal debe comenzar por ordenar las prioridades estatales y garantizar que cada partida pública tenga una justificación clara y resultados verificables.