Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la Cárcel Regional "cuenta con las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para aplicar medidas de control reforzado sobre esta población".

Además, podrán "limitar su capacidad de organización y prevenir acciones que puedan afectar la estabilidad penitenciaria".

La institución señaló que esta clase de operativos están enfocados en "debilitar las dinámicas del crimen organizado intramuros" y "anticiparse a las amenazas".

La Cárcel Regional es parte de un complejo de cinco prisiones ubicadas a las afueras de Guayaquil en el que también está la Penitenciaría del Litoral, la más poblada y violenta del país.

Las cárceles han sido uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Organizaciones internacionales como la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado han advertido que estos centros se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales que se producen en el exterior.

Y han señalado que se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario, más allá de militarizar las prisiones, para que una política de seguridad sea efectiva.