El libro “Reforma Integral de la Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones”, fue presentado la semana pasada en el salón auditorio Augusto Roa Bastos de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Los autores son el Cnel (R) y contador público, Felipe Mercado; y el Cnel. (R) e ingeniero civil y militar, Julio Scarone, quienes analizan la situación financiera de la Caja Fiscal y proponen una serie de medidas, que incluye la creación de impuestos, para garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad.

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Además, la intención de los exuniformados es elaborar un proyecto de ley, en base a las propuestas planteadas en el libro, para presentar a consideración del Congreso para su estudio y aprobación.

En materia tributaria se propone como “fuentes innovadoras de financiamiento” la creación de cuatro impuestos específicos: a transacciones financieras, a las ganancias de capital, a los grandes patrimonios y al consumo de bienes de lujo.

Orué, a través de su cuenta en la red social X, posteó que “ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado”.

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Aseguró que el gobierno de Santiago Peña “ya se expidió que no va a acompañar la suba de impuestos o la creación de nuevos impuestos”.

El titular de la DNIT cerró su posteo señalando que “no hay de que preocuparse”, como respuesta a los que señalaron su preocupación sobre esta iniciativa y se oponen al aumento o la creación de impuestos y, por el contrario, reclaman el achicamiento del Estado.

El “Impuesto a las Transacciones Financieras Específicas (ITFE)”, gravará las transacciones financieras de alto valor, tales como la compra y venta de acciones, bonos y otras operaciones en el mercado de capitales.

El impuesto se aplicará a “las transacciones que superen un monto mínimo equivalente a 1.400 salarios mínimos (US$ 500.000 a la fecha)”, y la tasa es progresiva, del 0,1 al 0,4%, aumentando a medida que el valor de la transacción es mayor.

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El “Impuesto a las Ganancias de Capital (IGC)”, gravará las ganancias obtenidas de la venta de activos como propiedades inmobiliarias, acciones, o inversiones.

Señala que se aplicará únicamente a las ganancias de capital cuyos montos sobrepasen el equivalente a 55 salarios mínimos (US$ 20.000 a la fecha), garantizando que no afecte a los pequeños inversionistas.

“La estructura de este impuesto también es progresiva, del 5 al 15%, con tasas que incrementan en función de la magnitud de la ganancia obtenida”, añade.

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El “Impuesto a Grandes Patrimonios (IGP)” se aplicará sobre patrimonios elevados, incluyendo inmuebles, inversiones y bienes de lujo.

“El IGP tiene una tasa anual progresiva, del 0,5 al 3%, que incrementa en función del valor del patrimonio, aplicándose únicamente a quienes poseen bienes cuyo valor iguale o sobrepase al monto equivalente a 2.781 salarios mínimos (US$ 1.000.000 a la fecha) que deberán pagar una tasa anual“, indica el libro.

El “Impuesto al Consumo de Bienes de Lujo (ICBL)” se aplicará al consumo de bienes de lujo y productos no esenciales de alto costo, como automóviles de alta gama, joyería, embarcaciones, aviones privados y otros productos de lujo cuyo valor iguale o sobrepase al monto equivalente a 1.400 salarios mínimos (US$ 500.000 a la fecha) que deberán pagar una tasa variable, del 5 al 15%, anual, según el planteamiento de los exmilitares.