La polémica reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, promulgada por el Ejecutivo el 18 de marzo último mediante Ley 7633/26, incorpora ajustes inmediatos, aunque mínimos, pero que ya empiezan a regir desde este mes.

Entre estos ajustes que se incorporan, por ejemplo, está el incremento del aporte para sectores deficitarios que pasarán de aportar 16% a 19% desde este mes

Con estos cambios, el magisterio, magistrados, docentes universitarios, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales deberán abonar el 19% de su salario como aporte a la Caja Fiscal, más 5,5% al IPS en caso de los maestros. Anteriormente, estos sectores abonaban el 16% del salario.

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Además, con la nueva ley, se computa el aporte del Estado a la Caja, en un 10%, aunque en la práctica, la diferencia que surja entre ingresos y egresos del fondo seguirá siendo cubierto por el fisco, lo que es considerado como el déficit.

Si bien la reforma busca reducir esta diferencia, con la versión finalmente aprobada y promulgada se traduce en apenas “un parche” que tendría un impacto de solo 40% en el déficit estimado.

Al cierre de febrero 2026, el sistema previsional público (Caja Fiscal) registró un déficit acumulado de G. 442.289 millones (aprox. US$ 68 millones), lo que refleja un acelerado deterioro del 43% entre ingresos y egresos, de acuerdo con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el año 2025, este déficit llegó a US$ 380 millones, y más de US$ 1.600 millones en la última década.

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Expertos coinciden en que la propuesta del Gobierno, a pesar de introducir cambios paramétricos necesarios (como la edad mínima), es solo un parche que retrasa el problema y que en seis años, como máximo, la Caja Fiscal dependerá enteramente de las rentas generales del Estado, a pesar de la implementación de la reforma. Solo se posterga el colapso de la Caja Fiscal, por lo que sugieren avanzar en una reforma estructural de todo el sistema de pensiones, coherente con la situación del país.

La Ley de la Reforma de la Caja Fiscal fue uno de los temas polémicos que puso en el centro de las críticas al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, primero por la presión para su aprobación en pleno receso parlamentario y segundo por haber aceptado los cambios drásticos en Senado que rebajaron la intención de una reforma más consistente.

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Otro cambio estructural y automático que rige a partir de la Ley 7633/26 es la fijación de la edad mínima y años de aporte. Se implementa una edad mínima de jubilación ordinaria de 53 años (para magisterio, magistrados judiciales y docentes universitarios) con al menos 25 años de aporte, logrando una tasa de sustitución del 78%, la cual puede aumentar hasta el 90% con más años de servicio.

Se aprobó un periodo de transición para quienes tengan más de 20 años de aporte para los docentes. Es decir, los maestros con más de 20 años de aporte al momento de la promulgación de la presente ley podrán elegir el régimen al cual acogerse para su jubilación, si desean jubilarse bajo los criterios anteriores o con la presente ley, que además varía en el porcentaje de sustitución de los haberes jubilatorios.

La edad mínima para las Fuerza Públicas y Armadas fue aprobada en 55 años de edad y 25 años de aporte, con una tasa de sustitución entre 75% y 90%.

En cuanto a la nueva base de cálculo del haber jubilatorio queda establecido en el promedio de los últimos 5 años para los nuevos jubilados. Este cambio es significativo para las Fuerzas Públicas que equiparaba el haber, al del personal activo.