El proyecto de “conducta” en el rally establece obligaciones para asistentes, organizadores, Policía Nacional, Patrulla Caminera y municipalidades. Sin embargo, el texto no fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Crea sanciones como “advertencia verbal” y “expulsión del evento”.

También dispone prohibiciones por ley al ingreso, circulación y permanencia en el área de competencia de vehículos equipados con cajas acústicas o de sonido -parlantes, altavoces, woofers, subwoofers-, capaces de reproducir sonidos que superen los 90 (noventa) decibeles.

Establece que son “faltas graves” cosas como “Desobedecer las órdenes de seguridad dictadas por los miembros de la Organización”; “Permanecer en zonas de espectadores en estado de intoxicación alcohólica u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales”.

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Así también, prohíbe “distraer o interferir con la visión y atención de los competidores, como uso de luces, punteros láser, pirotecnia de estruendo y bengalas, sobrevuelo de drones”, entre otros.