
Ante sombra de juicio político, contralor envió informe al Congreso: esto dijo sobre crisis de Ueno
A través de la Nota CGR N° 6362, firmada este 18 de noviembre por el contralor general, Camilo Benítez, y dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el organismo de contro...
A través de la Nota CGR N° 6362, firmada este 18 de noviembre por el contralor general, Camilo Benítez, y dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el organismo de control recopiló cronológicamente informes, auditorías y requerimientos que apuntan a las debilidades estructurales y a la omisión de mecanismos de contingencia por parte de las instituciones encargadas de administrar los fondos jubilatorios del IPS y otras cajas.
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AdvertenciasEl informe de la Contraloría divide su cronología en hitos clave que evidencian cómo las señales de peligro venían gestándose desde el año 2022:
La primera señal (noviembre de 2022): mediante el Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) al IPS (Resolución CGR N° 435/20), la CGR ya había advertido sobre la escasa diversificación del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP), el cual concentraba la totalidad de sus recursos en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y en un grupo reducido de entidades financieras.
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Lo más alarmante en ese entonces era que la previsional arrastraba más de 100 millones de dólares en CDA atrapados en entidades intervenidas, careciendo de planes o protocolos para su recuperación.
El flanco en la Caja Fiscal (noviembre de 2024): a través de la auditoría a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la CGR detectó que los fondos excedentes del sector público no siempre se invertían buscando la mayor rentabilidad.
En 2023, por ejemplo, se colocaron 150.000 millones de guaraníes en una entidad que ofrecía la tasa más baja (8,76%), desaprovechando ofertas superiores del Banco Nacional de Fomento (9,10%) y de Sudameris (9,15%), omitiendo los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
La lupa sobre Ueno Bank (agosto de 2026): meses antes de la crisis actual, el Informe Final de la Auditoría Financiera al IPS (Resolución CGR N° 532/2025) expuso el crecimiento meteórico de la participación de Ueno Bank en la cartera de la previsional.
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En apenas tres ejercicios fiscales, los fondos en guaraníes del IPS pasaron de representar un 1% (2023) a casi el 20% (19,70% en 2025, equivalentes a 1.602 billones de guaraníes). Además, la institución advirtió que el IPS no disponía de protocolos específicos ante la insolvencia o quiebra de entidades receptoras, limitándose a depender de la Ley N° 2334/03 de Garantía de Depósitos, un mecanismo totalmente insuficiente para volúmenes previsionales de esa magnitud.
Acciones simultáneas y bloqueo en el BCPAnte el acelerado deterioro y los riesgos inminentes, la CGR desplegó en agosto de 2026 una ofensiva de requerimientos de información dirigidos al Ministerio de Economía y Finanzas, al Consejo de Seguridad Social y a las principales cajas previsionales del país (IPS, Caja Municipal, Caja ANDE y Caja Bancaria), exigiendo detalles sobre topes de inversión, políticas de riesgo y límites de exposición por emisor. Esto derivó en la apertura de auditorías específicas a todas estas entidades.
Sin embargo, el panorama se ensombreció al intentar auditar al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2026. Según detalla la Contraloría, las exautoridades del BCP denegaron casi en su totalidad el acceso a la documentación relativa a la transformación financiera de Ueno Bank y su fusión por absorción con Visión Banco, lo que obligó al equipo auditor a emitir una opinión de abstención.
Actualmente, nuevas auditorías al BCP se encuentran en plena ejecución tras la solicitud del nuevo Directorio de la banca motriz.
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RepercusionesPara la Contraloría General de la República, estos antecedentes representan los únicos pronunciamientos formales del Estado que advirtieron de forma documentada sobre la exposición masiva del ahorro de los trabajadores en Ueno Bank y la falta absoluta de un paraguas institucional para recuperar los fondos en caso de insolvencia bancaria.
El documento ya se encuentra en manos de la Cámara de Diputados y será derivado a las comisiones asesoras competentes, en momentos en que la oposición está recopilando los antecedentes para elaborar el libelo acusatorio tanto contra Camilo Benítez y contra Armindo Torres, subcontralor general de la República.
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