La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, manifestó en un comunicado que tanto el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, "deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos".

"El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas", añadió.

Las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, son combatidas por la Policía Nacional Haitiana (PNH) y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A esa campaña se sumó el mes pasado un contingente de más de 2.000 solados salvadoreños enviados por Bukele con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de esa nacionalidad que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

"Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias", indicó la representante de Amnistía Internacional.

Fils-Aimé dijo la semana pasada que su Gobierno tiene como objetivo "acabar con el dominio de las pandillas y restaurar la autoridad del Estado" con el apoyo de El Salvador y de la GSF, pero no está claro si la tropa salvadoreña actúa por su cuenta o en coordinación con la PNH y la Fuerza de Supresión de Pandillas.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó la semana pasada que "la gran mayoría" de los efectivos salvadoreños desplegados en Haití "no forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas y, por tanto, quedan fuera del ámbito del mandato y de los mecanismos de información de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas".

"La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales", agregó Piquer.

Por eso, AI señaló que "el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad" y que "la protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada".

Tras señalar que las autoridades de Haití y de El Salvador deben garantizar además "investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos", AI pidió esclarecer lo sucedido con los cuatro militares salvadoreños y, "si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño".