Durante la audiencia pública se debatió el proyecto ley “que regula el comiso de bienes en armonía con el artículo 20º de la Constitución Nacional” presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC).

La iniciativa impulsada por el cartista busca básicamente restringir la aplicación de la ley Nº 6431 y únicamente se pueda confiscar bienes “mediante sentencia judicial firme”. Al ser la norma más beneficiosa para el encausado, será además de aplicación retroactiva, lo que hace que se garantice la aplicación por ejemplo en el caso de Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC).

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El mayor defensor del proyecto de ley es el abogado Óscar Tuma, quien sería beneficiado con las modificaciones de aprobarse, puesto que actualmente está imputado por lavado de activo tras el caso de “Lalo” Gomes, junto con el hijo del parlamentario Alexandre Rodrigues Gomes.

Al respecto, el abogado Rubén Darío Riquelme, de auditoría fiscal del Ministerio Público, durante la audiencia se mostró contrario al proyecto de ley por que limitaría la capacidad del Estado paraguayo de desmantelar las estructuras criminales vinculadas principalmente al narcotráfico.

 El representante del Ministerio Público, indicó que no se puede cambiar las leyes al antojo de gobiernos de turno, por que tenemos que vernos como un “Estado coherente” en un mundo globalizado.

Agregó que la iniciativa del cartista dificultará la recuperación de activos adquiridos de manera ilegal.

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 “Dificultará recuperación de activos ilícitos especialmente en casos complejos del crimen organizado por ejemplo debido a muerte, fuga o dificultades probatorias. Este documento limita la capacidad del Estado para desmantelar la estructura financiera de los grupo criminales”, sentenció Riquelme.

El profesional puso énfasis en que el proyecto elimina la posibilidad de que bienes de origen ilícitos en donde no se pueda obtener una condena penal sean recuperados y también quitará herramientas eficaces para su incautación y comiso.

“La prohibición de decomiso de bienes, limita que se recupere las fortunas ilícitas que estén con bienes mezclados con fines lícitos, donde los criminales van a blanquear sus ganancias a través de negocios lícitos.

El comiso extensivo es crucial para desmantelar el crimen organizado y las proyecciones de ilicitud, dijo el abogado.

Manifestó que de aprobarse la ley va a debilitar la capacidad de combatir el crimen organizado.

 “Se debe entender que estamos en un mundo global, a pesar de la soberanía nos deben ver como un Estado coherente. No podemos comprometernos y descomprometernos de acuerdo a ciertos vaivenes políticos. En síntesis la estricta limitaciones y la derogación de otros mecanismo son puntos negativos”, manifestó Riquelme.

Barrer con fiscales

“Lo que está ocurriendo es más una confiscación que un decomiso, que es una barbaridad y esa barbaridad está apoyada por el Ministerio Público que en teoría es representante de la sociedad y en este caso es más bien representante de una agencia extranjera”, dijo Óscar Tuma durante la audiencia pública donde se debatió el proyecto de ley de decomiso a “medida” impulsado por el diputado cartista Yamil Esgaib.

Agregó que ninguna ley, ningún comunicado de una agencia internacional puede estar sobre la Constitución y que los fiscales “deben ser barridos”.

“Si el Ministerio Público no sabe respetar la Constitución Nacional, hay que barrer con la mitad de los fiscales y comenzar a ver que es lo que está pasando allí”, dijo Tuma.

Si bien el abogado Tuma no dijo el nombre de la “agencia internacional” se refería al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, del cual Paraguay es parte y para evitar ingresar en la “lista gris” en el 2019 se aprobaron varias leyes para combatir el crimen organizado, una de las cuales ahora el cartismo busca derogar.

Caos jurídico es culpa de la prensa

El diputado Derlis Rodríguez (ANR-HC), quien participó de la audiencia pública, culpó a la prensa sobre la situación jurídica actual del país. Puso como ejemplo la cantidad de presos sin condena y que debido a la presión de la prensa no prosperó su proyecto de ley de “plazos procesales”.

Dicho proyecto fue cuestionado por varios sectores principalmente por que podría resultar en “blanqueo masivo” a delincuentes, criminales o investigados por el crimen organizado.

 “La prensa utiliza el sensacionalismo, lo digo yo que he planteado varios proyectos de ley, que busca constitucionalizar nuestras leyes (...) y por que estuvimos tres días en tapa muchos compañeros optaron por el rechazo por temor en salir en tapa de los diarios”, dijo el diputado cartista.

Dijo que muchos le tienen miedo a los medios de comunicación y felicitó al proyectista Yamil Esgaib de impulsar el proyecto de ley pese a que será “tapa” de los medios de comunicación.

“Tememos demasiado a los medios, terror le tenemos a los medios de comunicación por eso nuestro país está como está, lastimosamente. Por que al tambor de los medios bailan muchos, muchos parlamentarios, los fiscales”, dijo el diputado.

Inconstitucionalidad

El diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) indicó al cierre de la audiencia pública, que si su proyecto de ley no “corre” buscarán en el Poder Judicial atacar de inconstitucionalidad la ley Nº 6431 “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”, que actualmente es aplicado para decomisar bienes de personas investigadas por lavado de dinero y narcotráfico.

 “Como la Constitución y las leyes no son eternas y de acuerdo a la situación se deben ir corrigiendo. Estoy seguro que esto se está encaminando bien. Prometo de mi parte si esto no consigue los votos en el Congreso Nacional vamos a luchar por la inconstitucionalidad en el Poder Judicial”, dijo el diputado.

De aprobarse la peligrosa reforma de la Ley de Comiso, apeligra que Paraguay vuelva a la lista gris de países afines al lavado de dinero y un quiebre con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que había recomendado realizar reformas jurídicas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sistema financiero.