Al momento de dar a conocer su veredicto condenatorio sobre Hernán David Rivas Román, la jueza Fernanda García de Zúñiga, presidenta del Tribunal de Sentencia, integrado también por Yolanda Portillo y Juan Carlos Zárate, señaló fisuras estructurales que permitieron al exlegislador alcanzar un título que lo acredite falsamente como abogado, pese a no cursar la carrera de Derecho.

La magistrada destacó durante el juicio que la cuestión era determinar “si la condición académica y profesional invocada por el acusado se correspondía con la realidad, concretamente, si realizó el recorrido necesario para obtener el título de abogado”.

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En otro momento García de Zúñiga expresó que las deficiencias documentales y las inconsistencias detectadas a lo largo de las jornadas de debate público, permitieron comprender el cómo se expidieron el título y el certificado de estudios a Hernán Rivas. En este aspecto, dio relevancia a las declaraciones de Óscar Rodríguez Kennedy y Euclides Acevedo, decano y rector respectivamente.

En cuanto a Óscar Rodríguez Kennedy, la magistrada recordó que él dijo haber suscrito el título sobre la base de la documentación y los antecedentes que le fueron proporcionados por la Dirección Académica, sin comprobar directamente los registros que debían sustentar su expedición. En ese contexto, incluso precisó que él “estampó su firma en el título y lo hizo dentro de su vehículo”.

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Si bien en su declaración Rodríguez Kennedy dijo que analizaba y verificaba minuciosamente las documentaciones antes de firmar, para él, tomó el título de Rivas como un “mero trámite”. Es que si bien mínimamente debía comprobar sus antecedentes académicos, no lo hizo.

Contradicciones entre autoridades

En cuanto a Euclides Acevedo, este aclaró que era decano de Medicina y no de Derecho, sin embargo, el título de Hernán Rivas “fue inscripto en su calidad de rector de la Universidad Sudamericana. Tampoco aportó elementos, resaltó García de Zúñiga sobre la verificación del cumplimiento de las exigencias antes de firmar.

Las declaraciones de Acevedo fueron contrastadas por la presidenta del Tribunal, para el que adquirieron relevancia, en atención a lo dicho por Herman Weissensen, vicerrector de la Universidad Sudamericana, y Guillermo Auto, exalumno de la Universidad Sudamericana, de la filial de Luque.

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Ello porque Weissensen había dicho que integró en distintas oportunidades mesas examinadoras con Euclides Acevedo. Mientras que Gauto, señaló que Acevedo integró la mesa examinadora constituida con motivo de su defensa de tesis, realizada en Luque, supuestamente en el mismo tiempo en que Hernán Rivas presentado su trabajo de grado.

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A ello se suma que, durante el registro y legalización del título ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), según pruebas documentales producidas en juicio “la solicitud de registro de título fue presentada por intermedio del entonces rector Euclides Acevedo el 8 de junio del 2020 a las 17:00 horas”. En registros consta que la hora de ingreso fue 17:45.

Dicha petición “ingresó a la Dirección de Registros del MEC, al día siguiente, el 9 de junio del 2020, a las 8:30 horas como paquete N° 51.601, integrado únicamente por la solicitud correspondiente a Hernán Rivas Román”.

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“Las constancias incorporadas demuestran que el trámite avanzó ese mismo día, por las dependencias encargadas de realizar los controles de forma y de fondo, registrándose entre una y otra dirección un intervalo de apenas 6 minutos y concluyó en el dictado de una resolución que autorizó el registro de título”, describió la jueza. Esa gestión terminó a las 12:06.

Una de esas dependencias era la Dirección de Registros de Títulos, a cargo de Ricardo Ariel Ortiz, quien sostuvo con relación al título de Hernán Rivas “que había cumplido con todas las exigencias exigidas para su registro y legalización” y después, resaltó la magistrada que “la regularidad de dicho procedimiento fue posteriormente cuestionada desde el propio ministerio”.

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Posteriormente, la presidenta del colegiado Fernanda García de Zúñiga expresó que “el Dr. Fernando Casañas Levi señaló (en un dictamen) que encontró diversas inconsistencias en el registro de título y solicitó para el efecto la abrogación del acto administrativo, específicamente de la Resolución N° 30.858 del año 2020, por lo cual se autorizaba el registro de título del acusado”.

También se destacó como observación, la aplicación selectiva de la norma vigente y la falta de aplicación de la Resolución N° 5713 del 2019, al momento de efectuarse la verificación correspondiente, además de otras inconsistencias relacionadas con la habilitación de la carrera y la documentación que sustentó el trámite, de acuerdo con lo expresado por la jueza.

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La acción asumida por el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta, dispuso mediante la Resolución N° 600, del 16 de julio del 2020, “la realización de una auditoría interna destinada a examinar, entre otros aspectos, el procedimiento aplicado al registro de título de grado expedido a nombre de Hernán Rivas”, expuso la jueza García de Zúñiga.

“La auditoría concluyó que el título cumplía con todos los requisitos para su registro y posterior legalización”, pero “frente a esas conclusiones, el Doctor Casañas Levi se ratificó en su informe inicial y advirtió al Ministerio acerca de lo que calificó gravísimos errores por parte del equipo auditor”, destacó la magistrada.

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En otro momento, la magistrada refirió que “las deficiencias institucionales adquieren, especial significación, no porque permiten inferir por sí misma que Rivas Román no cursó la carrera, sino que explican el contexto en que pudo expedirse la documentación formalmente auténtica, sin que los antecedentes que debían sustentarla fueran verificados rigurosamente por las autoridades”.

A todo ello sumó que “durante el año 2015 fueron expedidos 13 títulos correspondientes a la carrera de Derecho; mientras que en el 2020 dicha cantidad descendió a 6. No se estaba, por tanto, ante un volumen de egresados que por su magnitud pudiera dificultar o tornar impracticable una verificación individual y rigurosa de cada uno de estos”, según destacó la jueza sobre la displicencia en los controles de los antecedentes académicos.