Independientemente de que guste o no, el cambiar una ley para aumentar las penas por la comisión de hechos punibles no pasa por una cuestión de estar a favor o en contra, sino por ver y analizar las leyes que establecen la forma en la que deben modificarse las normativas vigentes, explicó la abogada Alejandra Peralta Merlo sobre la intención del diputado Rubén Rubin, quien ante los últimos casos de abusos sexuales y feminicidios de niñas planteó aumentar las penas e implementar cadena perpetua.

“Lastimosamente, el debate se instala como quienes están a favor del pueblo y quienes están a favor de los delincuentes y eso no es así. En un debate crítico se debe entender qué es lo que nos permite la Constitución Nacional y qué es lo que no nos permite como está redactada. Entonces, aumentar las penas, las penas mínimas, de hecho es una potestad del Congreso Nacional, eso se puede hacer”, indicó.

Señaló que cuando se establece como una pena mínima en un casi de abuso sexual en personas indefensas de 5 años, eso sí se puede aumentar a que sea de 7 años, 8 años, 10 años, pudiendo con ese margen establecer penas mínimas y tope, y recordó que actualmente el tope que permite el Código Penal es de 25 años como máxima pena y en el caso del feminicidio 30 años.

Explicó que para establecer penas más severas en sustitución de lo que sería la pena de muerte, como la cadena perpetua y la cadena perpetua revisable, que son penas más humanizadas de la pena de muerte, se tendría que modificar el techo que establece nuestra Constitución y extender a una cadena perpetua para ciertos tipos penales.

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Proceso para aumentar penas

Suponiendo que una cadena perpetua sea de 90 años o de 70 años, esta supera la expectativa de vida de una persona si ingresa al sistema penal y es condenado, entonces se considera una forma de establecer una cadena perpetua, aunque se la llame cadena perpetua revisable que permite eventualmente poder revisar esta condena, pero finalmente termina siendo similar a pasar el resto de la vida en prisión, según planteó.

“Se necesitaría modificar el artículo 20 de la Constitución Nacional, porque ahí encontramos una limitante en cuanto a la finalidad de la pena. En el artículo 20 nos dice que el fin de la pena no es la venganza privada. Ya superamos la etapa de la vendetta, del ojo por ojo, de la ley del Talión, de todo eso que estaba establecido en siglos anteriores y pasamos a la justicia”, recalcó.

Recordó que el fin de la pena para nuestra justicia, según el artículo 20 es la protección de la sociedad, por un lado, y la readaptación del delincuente, es decir, el Estado tiene que separar temporalmente a ese delincuente, trabajar sobre él para poder reinsertarlo a la sociedad y se le da un plazo de tiempo para hacerlo de hasta 30 años en los casos de feminicidios, un plazo de hasta 25 años en otros casos más graves.

“Si finalmente terminamos reformando nuestro techo y decimos que una persona va a estar 90 años en prisión, categóricamente que ya el fin de la pena no va a ser la readaptación de ese delincuente, por lo tanto, vamos a tener que reformar nuestra Constitución Nacional. Para hacerlo tenemos dos mecanismos, tenemos el mecanismo de la enmienda y el mecanismo de la reforma constitucional”, precisó.

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Aumento de penas para crímenes

Peralta dijo que para poder introducir castigos que se consideran, según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes, como la cadena perpetua, se tendría que denunciar ese tratado.

“Para denunciar el tratado, según el artículo 142 de la Constitución Nacional, necesitamos hacerlo con el mismo procedimiento que para la enmienda constitucional. Eso quiere decir a través de un referéndum para modificar sustancialmente la Constitución nacional en el sentido de cambiar la finalidad de la pena, por ejemplo. Entonces tendremos que hacerlo a través del procedimiento de la reforma constitucional”, detalló.

Dijo que en el caso de la reforma constitucional, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a una Asamblea Constituyente y como sociedad deberíamos saber si realmente estamos preparados para abrir el espectro o la posibilidad de llevar adelante una reforma que también podría dar pie a introducir o cambiar otros temas como la conformación del Congreso, el plazo de duración de los mandatos, la reelección, etcétera.

“Tenemos que realmente evolucionar hacia un debate sobre cómo podría aplicarse este proyecto y no simplemente basarnos en la idea de venganza y decir, como bien escuchamos decir al proyectista de esta ley, ‘no me importan las cifras, no me importan las estadísticas, yo lo que quiero es que se pudran en la cárcel’. Traemos la idea de que el propósito de esta ley es la venganza, no es hablar de algún tipo de política para atacar el problema de fondo”, refirió.

Recordó que en el caso de los feminicidios se aumentó la pena a 30 años, lo que hoy en día evidencia que el aumento de penas no se traduce necesariamente en la prevención de los hechos punibles.

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Abogada tilda de populista discurso de diputado

“Ya vimos la respuesta del aumento de penas. Si era por aumentar las penas desde el 2017, cuando se instaura la idea o la figura del feminicidio en la ley especial, entonces ya hubiera terminado el feminicidio en Paraguay. Porque es el hecho punible que más años de cárcel nos da, 30 años de expectativa de prisión; sin embargo, estos hechos siguen ocurriendo, nadie se pone a pensar que cuando va a cometer un feminicidio va a ir a parar 30 años en la cárcel”, sostuvo.

Agregó que eso se trabaja y se analiza a través de lo que se conoce como política criminal, que es la ciencia que permite analizar un hecho determinado dentro de una sociedad y su impacto en la criminalidad, donde se analizan muchos factores y “no simplemente recoger un speech o un discurso populista en un momento de tanto dolor para la sociedad”.

Recalcó que nadie más quiere que vuelva a ocurrir hechos como los que lamentamos recientemente, feminicidios de niñas, de mujeres, de jovencitas, abusos sexuales de nuestros niños, que son los más sagrados que tenemos y que nadie defienda a los delincuentes, excepto ellos mismos.

“Tenemos que entender que para traer este tipo de debates tenemos que ser conscientes de que existen un montón de otros elementos que también tenemos que analizar y la sociedad no puede permitirse ser engañada a través de discursos populistas de personas que buscan instalar, digamos, esa confrontación entre quienes protegen delincuentes y quienes defienden a la sociedad porque no es así. Lo que exigimos de nuestras autoridades es que estén a la altura de un debate crítico y un debate que evidentemente demuestre un grado de entendimiento y de instrucción sobre lo que están proponiendo”, criticó.