"El declive económico de Cuba comenzó mucho antes de las últimas sanciones de EE.UU.", dijo a EFE el director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, Jason Marczak, en referencia al bloqueo de crudo impuesto en enero por el presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció represalias contra quienes negocien con el país caribeño.

Marczak indicó que "décadas de mala gestión económica y corrupción por parte del régimen cubano han vaciado el sector productivo de la isla" y, como muestra un nuevo informe del centro de pensamiento, antes del aumento en la presión de Washington, la economía cubana llevaba mucho tiempo encaminada hacia la catástrofe.

Después de que miles de cubanos salieron a las calles para protestar contra la escasez y la falta de libertades, la situación en el país caribeño solo ha empeorado.

Sin los envíos de crudo de Venezuela tras la captura por fuerzas de EEUU y su traslado a ese país del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, la isla ha agotado sus reservas de petróleo lo que, unido a una infraestructura severamente dañada, ha causado varios colapsos del sistema eléctrico nacional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que la economía cubana se contraerá un 6,5 % en 2026, una caída que el de la Economist Intelligence Unit sitúa un 7,2 %.

Según los analistas del Atlantic Council, "quizá en ningún lugar sea tan visible el colapso económico de Cuba como en el sector turístico", que no se recuperó como el resto del Caribe tras la pandemia de la covid-19.

 La presión y la amenaza de sanciones estadounidenses provocaron la salida generalizada de empresas extranjeras con décadas de presencia en la isla, entre ellas aerolíneas, navieras y hoteleras, como las españolas Meliá e Iberostar, que dejaron de operar instalaciones del conglomerado militar empresarial Gaesa.

Apunta además Marczak, que "uno de los legados duraderos" del castrismo en Cuba "es una población envejecida que va mucho más allá" del curso natural de ese proceso. "La gente ha huido tanto de la persecución como de las oportunidades económicas limitadas", añadió.

Más allá de las sanciones de Washington, que desde 1962 mantiene un embargo sobre Cuba y regresó a su retórica antagónica hacia La Habana tras un breve "deshielo", el economista Ricardo Torres identificó tres decisiones "estructurales" que explicarían este colapso.

Para el investigador de la American University, una de ellas es una "política de inversión deficiente", donde el Estado decidió en un "proceso poco transparente" priorizar la construcción de hoteles en lugar de invertir en el sistema eléctrico, la agricultura o el fomento de la empresa privada.

 Torres también mencionó una política "persistentemente inconsistente, fragmentada y restrictiva hacia el sector privado" y la unificación monetaria y cambiaria de 2021 que eliminó a la divisa CUC y "devaluó el peso de forma abrupta, junto a un reajuste general de salarios, pensiones y precios, y a la eliminación de buena parte de los subsidios".

"El resultado fue una inflación que erosionó salarios reales y ahorros, alejó aún más el tipo de cambio oficial del informal, y dañó la confianza en la moneda nacional: agravó, en lugar de resolver, los desequilibrios que pretendía corregir", dijo a EFE Torres, editor de la publicación especializada Cuba Economic Review.

Para Torres, el turismo conserva "un potencial enorme" que podría "crecer con rapidez en el corto plazo" aunque precisó que de cara a unas reformas significativas, que vayan más allá de las que propone hoy La Habana, "lo distinto sería propiciar una mayor participación de productores domésticos en la cadena de suministro del sector".

El economista cubano también identificó la agricultura como "otro sector con una contribución enorme" y a un grupo de actividades como el "comercio al detalle, servicios a los hogares, servicios básicos a empresas, manufactura ligera y construcción" que "le dan capilaridad al tejido productivo y generan mucho empleo".

"EE.UU. debe seguir presionando por una transición democrática y por la construcción de instituciones y estructuras de gobernanza que garanticen libertades políticas y civiles, y un modelo económico que priorice el Estado de derecho y la transparencia", insistió por su parte Marczak.